Junio 2016

Europa sentencia que no se puede financiar la compensación a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, como decretó el Ejecutivo de Rajoy

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado este jueves 9 de junio una histórica sentencia que respalda por completo a AISGE y las demás entidades españolas de gestión frente al Gobierno de España. El alto tribunal concluye que el modelo instaurado por el Partido Popular a finales de 2011 para sufragar la compensación por copia privada incumple radicalmente la legislación comunitaria. La decisión supone un revés sin precedentes para el Gobierno del Partido Popular, que ahora deberá encontrar una fórmula para compensar a los creadores españoles por los legítimos ingresos que han dejado de percibir durante los últimos cuatro años y medio.

El Tribunal de Luxemburgo declara que la normativa europea sobre derechos de autor se opone al sistema sufragado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado porque no garantiza que el coste de la compensación a los creadores sea soportado exclusivamente por las personas que realizan copias privadas. El texto de la sentencia es rotundo en este sentido: “Incumbe a las personas que reproducen obras sin autorización previa de los titulares de los derechos, y que les causen un perjuicio al hacerlo, financiar la compensación equitativa prevista”.

De ello se deriva la grave injusticia del modelo implantado por el PP hace casi ya un lustro. Y es que, en ausencia de unos ingresos como los que procedían del extinto canon, la partida actualmente destinada a la compensación por copia privada “se alimenta de la totalidad de los recursos” con que cuentan los Presupuestos Generales del Estado. Es decir, el gasto recae sobre todos los contribuyentes, con independencia de que realicen o no copias privadas.

Un enorme agujero para los creadores

El fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea obligará irremediablemente al Gobierno a recuperar un sistema de compensación que, como el que permaneció vigente hasta 2011, esté en condiciones de cumplir una doble garantía: que los creadores sean compensados por quienes causan el perjuicio y que exista proporcionalidad entre dicho daño y la consiguiente compensación.

La partida presupuestaria destinada a la copia privada se sitúa durante los últimos tres ejercicios en cinco millones de euros, una cifra ridícula en comparación con los 115 millones que las entidades ingresaron justo antes del cambio de rumbo. Lo paradójico es que el Ejecutivo popular ha avalado esa compensación de cinco millones cuando las propias estimaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte hablan de un perjuicio anual para los creadores cercano a los 20 millones.

La única beneficiada por la polémica reforma del PP ha sido la industria tecnológica, que se ha ahorrado en estos últimos cinco años una cifra superior a los 500 millones de euros. Tras la supresión del canon no se produjo una bajada de los precios de los dispositivos para efectuar copias: las multinacionales tecnológicas, las mismas que prefieren tributar en Irlanda antes que en España, aprovecharon para incrementar su margen de beneficio sin reducir el precio de venta de sus productos.

El secretario federal de Cultura del PSOE, Iban García del Blanco, ha aprovechado un debate en la Academia de Cine para pedir esta mañana la dimisión del secretario de Cultura en funciones, José María Lassalle.