Madrid, junio 2014

Latin Artis, Asociación Iberoamericana de entidades de actores, que representa a los actores de América Latina, España y Portugal, formula la siguiente DECLARACIÓN:

I. Con fecha 3 de junio de 2014, la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos del Perú aprobó un Dictamen por el que se propone la modificación del Decreto Legislativo 822, Ley sobre el Derecho de Autor. Las modificaciones aprobadas resultan perjudiciales para todos los creadores, autores y artistas e intérpretes, no sólo de Perú, sino de América Latina y del resto del mundo. Ya que lejos de fortalecer el sistema de gestión colectiva lo debilitan y obstaculizan, a pesar de que esta labor es el único medio efectivo para lograr percibir una justa retribución o regalía por la explotación de sus creaciones, especialmente en el caso de los artistas.

II. El texto incorporado al Dictamen se enfrenta a disposiciones de obligado cumplimiento para el Estado Peruano, con son el Convenio de Berna, la Convención de Roma, la Decisión 351 de la Comunidad Andina, y es contradictorio, asimismo, con el espíritu de los más recientes textos legislativos existentes en esta materia en el resto del mundo, como Directiva Europea 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014 relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines, y el Tratado de Beijing sobre interpretaciones y ejecuciones audiovisuales, adoptado en Beijing el 26 de junio de 2012.

III. Las entidades de gestión contribuyen a la defensa del interés general de la protección de la propiedad intelectual, no obstante, se trata de entes asociativos de naturaleza privada y como tales están amparadas (y sometidas, a su vez) al derecho de libertad de asociación (incluido el derecho de auto-organización) y libertad de empresa, que no pueden verse cercenados sin justificación alguna mediante la intervención estatal. 

IV. La fijación por vía legal y de manera rígida del porcentaje límite de los gastos administrativos de una entidad de gestión en un 20%, no es la más conveniente, ni se ajusta a la práctica de las entidades de gestión a nivel internacional. Tratándose de entes asociativos de derecho privado deben asumir todos sus gastos con cargo a sus ingresos, generalmente muy exiguos al inicio de la gestión, y dotarse de la infraestructura técnica y humana necesaria para la efectiva recaudación y distribución de derechos, labor esta que, en el caso de los artistas, resulta harto dificultosa.

V. El Dictamen impone la creación de una ventanilla única y fijación de tarifas por medio de convenio entre las sociedades de gestión y los usuarios, en contra de la libertad de empresa, la libre asociación, la libertad de contratación y la libre competencia. En cambio, una ventanilla única prevista en la ley con carácter voluntario puede beneficiar a las entidades y usuarios ya que, en determinados casos,  reporta un ahorro en costes de gestión para las entidades y una disminución de costes de transacción para los usuarios obligados al pago. La obligación de establecer las tarifas de común acuerdo con los gremios o grupos representativos de usuarios condena a la inefectividad el sistema de gestión colectiva, toda vez que el cumplimiento de la obligación quedaría al arbitrio de una de las partes (el obligado al pago).

VI. Los actores de América Latina, España y Portugal reclaman que se modifique el Dictamen para adecuarlo al marco normativo internacional y las normas constitucionales aplicables antes de la aprobación de cualquier Ley sustitutoria del Decreto Legislativo 822, con el fin de garantizar a los actores, artistas, intérpretes peruanos y del resto del mundo la defensa de sus derechos a través de las sociedades de gestión colectiva.

Mario Casillas Rábago
Presidente de Latin Artis