No hace tanto tiempo, luego de superar la etapa de "los manteros", cuando hablábamos de piratería nos referíamos a la descarga de archivos a través de internet. Un sistema claramente ilegal, en un marco jurídico imperfecto, pero en el que al menos quedaba claro cuál era el delito, quién era la víctima y quién el infractor. Por desgracia, el pirata suele ir más rápido que el legislador y utiliza cada avance tecnológico para lograr su ilícito botín, y con la irrupción de la inteligencia artificial (IA) no podía ser menos.   Según la evolución acreditada en 2025, se prevé que en 2026 aumente la piratería impulsada por la IA en el sector musical, con afectación a toda la cadena de valor de la cultura. Si hoy la industria musical se enfrenta a nuevas formas de piratería mucho más sofisticadas y difíciles de combatir, mañana lo será el audiovisual. El virus de la piratería ha sufrido una mutación mucho más compleja que las anteriores. Canciones generadas por IA, disponibles en Spotify, Apple Music y otras plataformas, que se monetizan como una obra más y que, a la postre, restan valor a las obras creadas por humanos. El sistema se ha contaminado con contenido de dudoso valor que no solo afecta a los ingresos, sino a todo el sistema de las propias plataformas.   

El caso más famoso de este nuevo tipo de piratería es el de Michael Smith, acusado en Estados Unidos de obtener más de diez millones de dólares mediante canciones generadas por IA y que eran reproducidas por bots automatizados por él mismo. Pero puede que este caso sea solo la punta del iceberg del problema al que nos enfrentamos, bajo la amenaza de desestabilizar por completo el modelo económico del streaming musical y, en menor medida, el audiovisual.   

En este caso, Michael Smith no necesitó obtener copias ilegales de ninguna obra ni ponerlas a disposición mediante servidores. Todo fue más simple. Generó cientos de miles de canciones mediante IA, las subió a las plataformas de streaming y programó miles de cuentas automatizadas para que las reprodujeran en bucle. Sonaban una y otra vez como si estuvieran siendo escuchadas realmente. Con ello consiguió el cobro de millones de euros en derechos que, evidentemente, deberían haber ido a parar a manos de músicos legítimos. Se quedó con una parte del pastel que no le correspondía, quitándosela a los verdaderos creadores.   Canciones que imitan estilos de grandes artistas son recomendadas por algoritmos y acumulan reproducciones que son monetizadas por un desconocido. Aunque las plataformas prohíben la suplantación y proceden a retirar este tipo de contenido de inmediato, el problema no radica en las políticas de publicación y retirada de contenido, sino en el propio sistema. Se prioriza la velocidad y el volumen de los contenidos sobre la verificación de qué contenido se sube y quién los sube. Ojo, hablamos de millones de obras, por lo que no queda más remedio que el filtro sea realizado por algoritmos claramente manipulables.   

Vemos cómo la industria intenta buscar soluciones al problema. Sony y Universal han invertido millones en startupsespecializadas en detectar fraude mediante IA. Spotify eliminó 75 millones de canciones de su plataforma. Deezer arroja datos según los cuales el 18 por ciento del contenido que se sube a su plataforma es sintético. Pero, a medida que mejoran los detectores, también lo hacen los generadores, variando estructuras y mezclando estilos a fin de esquivar las huellas digitales diseñadas para identificarlas. Por ejemplo, NVIDIA ha invertido en ElevenLabs, la startup líder en clonación de voces y en la creación de música ultrarrealista. Es decir: mientras grandes corporaciones invierten en prevenir el fraude, otras, igual o más poderosas que las anteriores, invierten en perfeccionar la tecnología que hace posible ese mismo fraude. Una contradicción en el nuevo capitalismo digital, pues la misma herramienta que podría servir para democratizar la creación musical es utilizada para robar a quienes realmente crean.   Por si esto no fuera suficiente, en diciembre de 2025 Spotify sufrió el mayor robo de datos de su historia. Un grupo activista logró extraer 86 millones de archivos de audio y metadatos de 256 millones de canciones, lo que supone prácticamente todo su catálogo. Unos 300 terabytes de datos que ahora circulan libremente por internet.   

Este robo de archivos, desde una óptica vetusta, daría lugar a pensar que cualquiera puede descargarlos y hacerse su propio Spotify en casa. Pero ese no es el problema. Desde la perspectiva y problemática actual, este robo significa mucho más. Todos los archivos robados están estructurados, tienen metadatos completos de género, tempo, popularidad, artista, etcétera; es decir, son el combustible perfecto para entrenar sistemas de inteligencia artificial generativa sin abonar un solo céntimo a los artistas originales.

El daño trasciende mucho más de lo económico. Cada reproducción fraudulenta sesga de alguna manera los algoritmos de recomendación, dificultando que los verdaderos artistas gocen de la correspondiente visibilidad. Ya no solo se trata de vender más o menos discos: se trata de que el artista real pierde visibilidad digital, de que el público escucha y ve lo que nos recomiendan algoritmos viciados por estos fraudes masivos. El mantero que hace años nos intentaba vender copias piratas, en comparación al problema al que nos enfrentamos, nos puede parecer hasta ridículo.   

Mientras tanto, el mundo se encuentra dividido en debates que pueden llegar a ser superfluos si no se acelera el paso. En EE UU están debatiendo si la utilización de contendidos protegidos por el copyright puede calificarse como "uso justo" o no. En Europa, con la entidad alemana GEMA a la cabeza, se están obteniendo pronunciamientos favorables relativos al entrenamiento de estos sistemas. En noviembre se declaró que el uso de estas letras suponía una infracción, y el próximo 26 de enero se celebrará precisamente un nuevo pleito contra Suno, un generador de música online.   

El impacto de estos nuevos "modelos de negocio", de dudosa legalidad, va mucho más allá. No se trata de que la tecnología nos adelante por la derecha, es que nos saca kilómetros de distancia. Un estudio de Deezer indica que el 97 por ciento de las personas no puede distinguir entre música real y música sintética generada por IA. Música que se consume y que es del agrado del oyente: entonces, ¿es música o no? Y si un bar decide ofrecer esa música sintética como música ambiente, y gusta a sus clientes, ¿debe o no debe pagar remuneración por la comunicación pública? Las creaciones sintéticas han llegado para quedarse, ya son consumidas en masa y estamos lejos de buscar verdaderas soluciones a los problemas reales. De verdad que el problema ya no estriba tanto en cómo fueron entrenados estos sistemas y cómo se debe remunerar a los artistas afectados, directa o indirectamente; el problema es cómo se está alterando la cadena de valor de la industria cultural y cómo pueden quebrar los modelos de negocios que ya se adaptaron al cambio digital.   

Por desgracia, el de Michael Smith no es un caso aislado de un tipo listo que encontró un fallo en el sistema, una laguna legal, y se aprovechó de ello. No se trata de licencias colectivas ni de si el input es uso justo o no. Debemos plantearnos lo que está sucediendo en la actualidad, donde las creaciones de IA han entrado en el ecosistema digital con ausencia de un sistema de supervisión y compensación válido, un sistema que ya de por sí era injusto para el artista. Si sumamos el fraude del streaming, el robo masivo de datos y el uso no autorizado de obras para entrenar sistemas de IA generativa, el resultado es un panorama cuanto menos sombrío para los creadores de contenidos musicales, que tienen múltiples enemigos y son atacados desde distintos frentes.   Desde luego, la gestión colectiva puede servir de escudo, ordenando el mercado de los contenidos y haciendo que los recursos generados por la creatividad humana satisfagan a sus creadores. Pero sin las herramientas legales, tecnológicas y administrativas necesarias, esta misión se dificulta hasta el extremo. La incapacidad de los poderes nacionales y regionales para afrontar los retos de la IA de manera clara, inmediata y eficaz va a permitir, al menos durante un tiempo, que los defraudadores sigan construyendo granjas de streaming, los hackers distribuyendo obras y las grandes empresas colonizando el trabajo ajeno.     

La cuestión no es si la IA transformará la música o el audiovisual (que lo hará, en alguna media hoy desconocida). La cuestión es cómo se controlará esta transformación y en beneficio de quién. Aunque en Europa la Directiva de Copyright de la UE otorga a los creadores el derecho de opt-out (es decir, a negarse a que sus obras sean escaneadas para entrenar algoritmos), la solución práctica y eficaz es muy compleja frente a la irrupción de los sistemas IA y su uso perverso, pese a todas las recomendaciones de uso ético y legal, como lo hace el propio Reglamento IA de la UE en general.    

Mientras nos entretenemos con cuestiones en ocasiones filosóficas y apriorísticas, la piratería muta y se transforma cada día. Los piratas actuales se aprovechan del sistema, drenan la remuneración de los artistas y llenan las plataformas de contenido sintético, e incluso modifican el sistema de recomendaciones. Si priorizamos volumen sobre calidad, el resultado es previsible. Entramos en un juego peligroso donde la música ya no la hacen los artistas, sino quienes venden palas y picos a los buscadores del nuevo oro digital (el dato). Y cuando la montaña se derrumbe, es probable que sepulte toda la industria cultural, tal y como la concebidos hoy.

Abel Martín Villarejo Director General de AISGE. 

Profesor de derecho Civil en la Universidad Complutense de Madrid

Fuente: AISGE