Madrid, 26 de junio de 2025

Ya son tres los borradores del Código de Buenas Prácticas para la Inteligencia Artificial de Propósito General, impulsados por la Comisión Europea, que han culminado en fracaso. Dicho Código tiene por objetivo facilitar la implementación del Reglamento 2024/1689 de la UE, sobre Inteligencia Artificial (la llamada “Ley de Inteligencia Artificial") y ha sido elaborado por 13 expertos independientes, pero criticado por cientos de asociaciones, empresas o entidades del sector cultural de toda Europa por su ineficacia para la protección real y efectiva de los derechos de propiedad intelectual y demás derechos culturales.

El primer borrador, de 14 de noviembre de 2024, fue criticado por su falta de concreción y directrices generalistas. El segundo, de 19 de diciembre de ese mismo año, aunque profundizó algo más sobre los datos utilizados para el entrenamiento de los sistemas de IA, seguía sin incorporar obligaciones vinculantes ni mecanismos de supervisión eficaces. El tercero, fechado el pasado 11 de marzo, también ha recabado abundantes reproches desde el sector cultural por mantener una lógica voluntarista, sin ofrecer garantías efectivas de transparencia ni protección frente al uso no autorizado de obras protegidas por derechos de autor.    

La sensación predominante es que el documento consiste en una mera declaración de intenciones que en la práctica no deja de ser eso: solo una intención. Muestra de ello es la carta que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, remitió a la Comisión Europea el pasado 30 de abril, y que vuelve a poner en evidencia la falta de un compromiso normativo real con la defensa del derechos de autor. En medio de estos dimes y diretes, el mundo de la creación sigue esperando una regulación urgente y necesaria que palíe los estragos que la IA generativa comienza a causar en el ámbito cultural.   

La carta del ministro Urtasun refrenda que el por ahora último borrador no sirve precisamente para ayudar al sector cultural. El titular de la cartera de Cultura no se anda con rodeos. En su crítica frontal al tercer borrador resuena la frustración de autores, artistas y organizaciones culturales, que ven cómo sus derechos de propiedad intelectual penden de un hilo, amenazados por una interpretación laxa y voluntarista del marco regulatorio actual. Este tercer intento, lejos de ofrecer las garantías necesarias, parece querer perpetuar una peligrosa desprotección.   

Compromisos voluntarios y endebles 

El núcleo del problema sigue siendo, inexplicablemente, muy similar al de los borradores anteriores. Este Código se basa en compromisos voluntarios que resultan endebles e impropios de las prácticas contractuales del sector. Sin obligaciones vinculantes ni mecanismos de supervisión efectivos, se confía en la buena fe de las grandes empresas tecnológicas para realizar esfuerzos razonables en la salvaguarda de los derechos de los creadores. Tras dos oportunidades perdidas, este tercer borrador insiste en una fórmula que no parece la correcta.   

En el contexto actual, la falta de seguridad jurídica se ha convertido en uno de los principales obstáculos para la industria cultural. Esta certidumbre jurídica es una prioridad para el sector, máxime cuando tan solo se reclaman respuestas a preguntas que, a priori, parecen bastante sencillas: ¿De qué obras se nutren los sistemas de inteligencia artificial para su entrenamiento? ¿Cómo se recaba el consentimiento de sus creadores? Este tercer borrador, lamentablemente, sigue sin ofrecer la transparencia y la solidez necesarias, dejando a los creadores expuestos a una explotación gratuita y no consentida de sus obras.   

Tras la aprobación del Reglamento sobre IA en mayo de 2024, todos los titulares se vanagloriaban de que Europa era pionera en la regulación tecnológica. Sin embargo, tan solo un año después parece que corremos serio riesgo volver atrás. La confusión generada por esta falta de contundencia normativa afecta tanto a los creadores, que ven sus derechos diluirse en la ambigüedad, como a los propios desarrolladores de tecnología, que carecen de un marco jurídico claro, seguro y estable. La desigual distribución del poder entre las empresas tecnológicas y la industria cultural constituye una realidad ampliamente reconocida. La opacidad que rodea el entrenamiento de los modelos de IA y la ausencia de herramientas para rastrear el uso de contenido protegido permiten que se beneficien quienes explotan la cultura sin escrúpulos, ignorando el esfuerzo y los derechos de quienes la generan.   

La intervención de Urtasun llega en el momento oportuno, a sabiendas de que Barcelona acogerá el próximo mes de octubre la cumbre Mondiacult de la UNESCO, un foro clave donde se debatirán los desafíos que plantea la IA a la creación cultural. Esperemos que esta carta permita que UE, las TIC y la comunidad creativa cultural aproximen posiciones.    

Los tres borradores del Código que hemos examinado hasta ahora son un claro indicativo de que la mera apelación a la buena voluntad empresarial es una estrategia fallida. Ya no se puede seguir dilatando el debate con nuevos borradores llenos de buenas intenciones: se necesitan medidas eficaces, prácticas y urgentes que eviten la causación del daño inminente que se cierne sobre todo el sector cultural de la UE.    

La versión definitiva del Código de buenas prácticas debe estar lista antes del próximo 2 de agosto, fecha en la que entrarían en vigor la segunda fase (bloque) de normas IA del Reglamento UE de 2024. Ojalá que la carta de nuestro ministro haya producido los efectos deseados y esa versión definitiva logre alcanzar el nivel y objetivos necesarios.

Marco Antonio Mariscal Moraza.

Abogado. Profesor de Derecho Civil en la UAH. Responsable de Transformación Tecnológica en AISGE

Fuente: AISGE.