Madrid, 8 de octubre de 2026

No hace tanto tiempo, cambiar el canal de televisión exigía levantarse del sofá y pulsar algún botón del propio aparato, y toda la oferta televisiva a la que podíamos acceder se resumía en dos canales. Luego llegó el mando a distancia y la decisión de qué ver pasó a estar en manos del espectador. De hecho, en 1990, con la llegada de las televisiones privadas, Antena 3 y Telecinco se disputaron los botones del mando adoptando nombres que invitaban a sintonizarlas en el 3 y en el 5, tal y como ocurre ahora con la llegada de La Séptima.

Cuando llegó la televisión digital terrestre (TDT), que se impuso con el apagón analógico de 2010, se multiplicaron los canales, pero se siguió respetando la regla básica de que cada cadena estaba en un número y bastaba pulsarlo para llegar a ella. Sin embargo, el televisor inteligente o smart TV ha roto esa regla sin que nos demos cuenta. Ahora cuando encendemos la televisión ya no aparece un canal, sino una pantalla de inicio diseñada por el fabricante del aparato, con distintas aplicaciones ordenadas según sus criterios y, en muchos mandos, incluso botones reservados a determinadas plataformas de streaming.   

Según el Estudio de Televisión Conectada 2026, elaborado por la empresa IAB Spain, el 86 por ciento de los hogares españoles dispone ya de un televisor inteligente y el 85 por ciento de los internautas consume contenidos bajo demanda. Cuando se trata de buscar información de actualidad, ocurre algo parecido. El Digital News Report España 2026 indica que seis de cada 10 usuarios llegan a las noticias a través de redes sociales o agregadores. Según el estudio de referencia, aunque el consumo de información por Internet crece año tras año, sin embargo solo el 19 por ciento confía en el contenido que encuentra en las redes. Es decir, nos encontramos ante la paradoja de que usamos cada vez más los canales en los que menos confiamos.   

En definitiva, la elección de qué canal o qué serie vemos viene marcada, en cierta medida, por quienes deciden qué debe aparecer primero en nuestra pantalla. Y esto, lejos de ser una mera cuestión técnica, es un instrumento de poder: quien ordena la pantalla de inicio puede influir en qué series vemos, a qué informativos accedemos y qué queda lejos de nuestra vista. Esta capacidad de colocar ciertos contenidos en un lugar destacado de la pantalla se denomina "prominencia".     

Si la Unión Europea ha sido capaz de regular hasta el tapón de plástico de las botellas, ni que decir tiene que también ha regulado esta prominencia y cómo usamos o podemos configurar nuestra smart TV. En primer lugar, el artículo 20 del Reglamento Europeo de Libertad de los Medios de Comunicación, aplicable desde mayo de 2026, reconoce el derecho del usuario a modificar con facilidad los ajustes de fábrica de su televisor. Esta norma no obliga por sí misma a destacar a nadie, pero, junto con el artículo 7 bis de la directiva europea de servicios audiovisuales, permite que los Estados miembros adopten medidas para garantizar la prominencia de los servicios de interés general. España aún no ha regulado la materia.   

Por otro lado, nuestra Ley General de Comunicación Audiovisual exige esta prominencia al obligar a las plataformas de streaming a reservar al menos un 30 por ciento de su catálogo a obras europeas (la mitad de ellas en castellano o en lenguas cooficiales) y a darles visibilidad. Por último, el Real Decreto 250/2025, de 25 de marzo, por el que se aprueba el nuevo Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre, obliga a garantizar que la TDT siga siendo accesible pese a la evolución tecnológica. Así, los televisores y demás receptores deberán permitir el acceso de manera sencilla y directa a los canales de televisión, así como facilitar la modificación de su configuración y de los ajustes de fábrica.   

A todo esto, el proyecto de ley de mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y ordenación de los medios de comunicación, que debía habilitar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para sancionar determinadas conductas prohibidas en materia de medios y servicios digitales, nunca llegó a superar la fase de enmiendas en el Congreso. Ahora, con la disolución de las Cortes, la iniciativa de reforma queda en el aire.   De hecho, la CNMC es muy consciente de la importancia del poder que supone el control del acceso a determinada programación. Prueba de ello es que el pasado 24 de septiembre celebró una jornada sobre esta cuestión. Su vicepresidente, Ángel García Castillejo, afirmó: "probablemente ha llegado el momento de plantearnos intervenciones directas". Para ello explicó que, al igual que en la ciudad se reserva un carril para el autobús, en la pantalla del televisor habría que reservar un lugar visible a la televisión en abierto y a los servicios de interés general. Eso es, precisamente, la prominencia.   

También conviene resaltar que Fernando Ojea, el secretario general de la federación de televisiones autonómicas (Forta), denunció que los fabricantes presentan el acceso a la televisión en abierto "de manera poco visible". No se trata de que las cadenas hayan desaparecido, sino de que cada vez es más difícil acceder a ellas a través de los mecanismos de los televisores inteligentes.   A nuestro alrededor podemos comprobar que otros países de la Unión ya han abordado el problema. En Francia, desde 2024, se exige que llegar a una cadena de interés general no requiera más clics ni pulsaciones que acceder a cualquier otro servicio. En Italia se han aprobado directrices para asegurar una posición relevante de los servicios de interés general en televisores inteligentes, descodificadores y otras interfaces conectadas. Sin embargo, cuando la visibilidad preferente no es una excepción, sino la norma, el fin buscado por la prominencia de algunos contenidos desaparece. Alemania es un ejemplo de ello, pues en 2025 aprobó 320 de las 348 solicitudes recibidas para otorgar "visibilidad preferente" a canales de televisión y plataformas digitales. Este mecanismo, denominado Public Value, buscaba garantizar que los contenidos de interés público no quedasen sepultados por los algoritmos. 

Ahora bien, se dio un trato prioritario al 92 por ciento de las solicitudes. O, lo que es lo mismo, declarar prioritaria a casi toda la oferta equivale a no priorizar ninguna.   Como es lógico, detrás de este debate encontramos los intereses legítimos de las cadenas de televisión, públicas y privadas, que quieren recuperar el lugar que tenían en el mando, pues de la visibilidad dependen tanto su audiencia como sus ingresos publicitarios. Por su parte, los fabricantes de televisores quieren mantener el control de la pantalla, que hoy supone un espacio comercial muy valioso. Por otro lado, las grandes beneficiarias de la situación actual son las plataformas, que ocupan los primeros puestos en la pantalla e incluso disponen de botones propios en el mando. Además, estas plataformas manejan los algoritmos de recomendación y saben qué elegimos, cuándo lo hacemos o si simplemente nos dejamos arrastrar por sus recomendaciones. Un poder que todos quieren controlar.   

La pregunta que nos toca ahora hacernos es si la prominencia de contenidos es buena o mala para los actores. Y, como en todo, la respuesta depende de cómo se pregunte. Partimos de la sencilla evidencia de que lo que no se ve no se consume, y lo que no se consume difícilmente generará ingresos para quienes intervienen en la obra.   El riesgo puede estar en reducir la prominencia a los canales de TDT o a los informativos, ya que una parte del trabajo de nuestros actores y actrices se estrena hoy en las plataformas y no solo en televisiones en abierto. Por tanto, proteger solo el canal y no la obra podría dejar fuera buena parte de esas producciones. Aunque la ley exige prominencia para la obra europea en los catálogos de las grandes plataformas, es necesario comprobar si esa obra aparece de verdad en la pantalla de inicio del espectador, de manera que pueda conocerla y acceder a ella.   

Por tanto, no se trata de elegir entre cadenas y plataformas, sino de proteger la visibilidad de las creaciones. España aún no ha regulado esta materia, pero, cuando lo haga, deberá apoyarse en criterios objetivos y públicos. No debe limitarse a decidir qué medios son fiables y cuáles no, sino que ha de garantizar la voluntad y el espíritu crítico del espectador, de modo que pueda realizar una elección independiente, más allá de los algoritmos de recomendación o de la prominencia de determinados programas. Pero lo que no se puede permitir es que una norma pensada para dar visibilidad a determinados canales acabe restándosela a los actores y actrices cuyo trabajo sostiene buena parte de lo que aparece en esas pantallas. El verdadero poder de las pantallas no reside solo en lo que muestran, sino también en lo que deciden ocultarnos.

Marco Antonio Mariscal Moraza Abogado y Doctor en Derecho. 

Profesor de Derecho Civil en la UAH. Director de Transformación Tecnológica en AISGE

Fuente: AISGE.  Imagen: Unsplash